Los derechos humanos, son principios universales que protegen la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas, sin importar su origen, género o condición. También conocidos como derechos fundamentales, son la base de cualquier sociedad que se diga justa. No son un regalo de los gobiernos, sino una exigencia mínima que toda persona tiene por el simple hecho de existir.
En Chile, estos derechos no son solo un tema de discursos. Se ven en la calle, en los tribunales, en los hogares. Cuando se otorga libertad condicional, es un mecanismo legal que permite a una persona salir de prisión antes de cumplir toda su pena, bajo condiciones estrictas, se pone a prueba si el sistema valora la rehabilitación o solo el castigo. Cuando una mujer denuncia violencia de género, es el uso del poder o la fuerza para controlar, intimidar o dañar a otra persona por su identidad de género y el Estado tarda en actuar, se rompe un derecho básico: el de vivir sin miedo. Y cuando el FBI detiene a alguien por lavar dinero de la familia de un dictador, como ocurrió con Irazmar Carbajal, se entiende que los derechos humanos no tienen fronteras: lo que pasa en Venezuela, también nos afecta aquí.
Estos derechos no se defienden solo con leyes. Se defienden con voces, con juicios, con movilizaciones, con periodismo que no se calla. En las últimas semanas, hemos visto cómo un fallo en Coyhaique reabrió el debate sobre si la justicia protege a las víctimas o a los agresores. Vimos cómo la selección femenina chilena perdió 3-0 ante Uruguay, no solo en el marcador, sino en el reconocimiento que merece el deporte femenino. Y vimos cómo la sociedad exige más: que no se ignoren las desigualdades, que no se normalice la impunidad, que no se silencie a quienes gritan por justicia.
Lo que encontrarás aquí no son solo noticias sueltas. Son historias reales que conectan con lo que pasa en Chile y en el mundo: casos de personas que luchan por su derecho a la vida, a la justicia, a ser escuchadas. Desde procesos judiciales hasta movimientos sociales, desde decisiones de tribunales hasta actos de resistencia cotidiana. Todo esto forma parte de la misma lucha: la de hacer realidad lo que ya debería ser obvio.
En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin, acusándolo de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños ucranianos. A pesar de su compromiso con la CPI, Mongolia no ha detenido a Putin durante su reciente visita, provocando críticas de organizaciones de derechos humanos y la propia CPI.
