Un golpe seco a las expectativas de millones de trabajadores. El Congreso de los Diputados vetó el pasado 10 de septiembre de 2025 la tramitación del proyecto de ley que pretendía reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin que los empleados perdieran ni un euro de su sueldo. Lo que nació como una promesa de modernización laboral impulsada por el Ejecutivo se ha topado con un muro parlamentario, dejando la medida en un limbo legal donde, hoy por hoy, no tiene ningún efecto práctico.
La historia empezó con optimismo. El 6 de mayo de 2025, el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto, una iniciativa que buscaba atacar el problema de la conciliación familiar y mejorar la calidad de vida. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, defendió a capa y espada que este cambio "cambia la vida de la gente". Pero, como suele pasar en la política española, el camino desde el Consejo de Ministros hasta la aplicación real es una carrera de obstáculos.
El camino hacia el veto: una promesa en pausa
Para entender cómo hemos llegado aquí, hay que mirar atrás. El proyecto no surgió de la nada; fue el fruto de intensas negociaciones entre el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos. En esas mesas de diálogo, Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, jugó un papel clave intentando equilibrar las demandas de los trabajadores con los miedos de las empresas.
Aquí está el truco: el Gobierno inicialmente planeó una reducción gradual. La idea era pasar de 40 a 38,5 horas durante el año 2024 y aterrizar en las 37,5 horas en 2025. Pero el calendario se volvió loco. Aunque Yolanda Díaz anunció que la aprobación llegaría el 29 de abril de 2025, la firma final se retrasó hasta mayo. Cuando el texto llegó al Congreso, el Gobierno cometió un error táctico (o quizás un acto de prudencia) al aplazar la votación para intentar asegurar los apoyos necesarios. El resultado fue el silencio administrativo y, finalmente, el veto definitivo el 10 de septiembre.
¿Qué significaba exactamente la ley para el trabajador?
Si la ley hubiera salido adelante, el impacto habría sido masivo. No se trataba solo de trabajar menos, sino de hacerlo manteniendo la misma remuneración. Para las empresas, el plazo de adaptación habría terminado el 31 de diciembre de 2025, obligando a revisar todos los convenios colectivos que superaran ese límite de horas.
Además de la reducción horaria, el proyecto incluía dos pilares fundamentales que hoy siguen en el aire:
- Garantía del registro de jornada: Un control más estricto para evitar que las horas extra no remuneradas sean la norma.
- Derecho a la desconexión digital: La posibilidad real de apagar el móvil y el correo electrónico al terminar el turno sin miedo a represalias.
Sorprendentemente, mientras la ley principal naufragaba, el Gobierno intentó salvar los muebles con medidas complementarias. El 30 de septiembre de 2025 se aprobó la vía de urgencia para una norma de control horario digital. De hecho, Joaquín Pérez Rey recordó el 2 de marzo de 2026 que el real decreto ya estaba en el Consejo de Estado y que su aprobación era inminente. O sea, quieren controlar el horario, pero no necesariamente reducirlo.
Reacciones y el panorama actual
La reacción en la calle es de frustración. Los sindicatos, que inicialmente habían apoyado la medida, se encuentran ahora en una posición incómoda. Por su parte, la patronal respira aliviada, ya que una reducción de jornada sin bajada de sueldos supone un aumento indirecto del coste laboral por hora trabajada.
El Gobierno insiste en que no se rinde y que quiere retomar la negociación para lograr un "gran acuerdo de país". Pero seamos sinceros: sin una mayoría clara en la cámara baja, cualquier nuevo intento será una apuesta arriesgada. Los detalles sobre una nueva fecha de entrada en vigor son, sencillamente, inexistentes.
El impacto a largo plazo y el contexto europeo
España no está sola en este camino, aunque parece ir más lenta que otros vecinos. Varios países europeos ya han experimentado con la semana laboral de cuatro días o la reducción a 35 horas. El objetivo es combatir el burnout y aumentar la productividad, partiendo de la base de que un trabajador descansado rinde más que uno agotado.
El fracaso de esta ley deja una asignatura pendiente en la modernización del mercado laboral español. Mientras el registro horario digital avanza, la reducción de la jornada se queda como una promesa electoral que no ha logrado saltar el muro legislativo. Al final, el trabajador español sigue atado a las 40 horas, esperando que la política logre ponerse de acuerdo.
Preguntas frecuentes sobre la reducción de la jornada laboral
¿Sigo trabajando 40 horas semanales actualmente?
Sí. Debido al veto del Congreso el 10 de septiembre de 2025, la reducción a 37,5 horas no tiene validez legal. Por lo tanto, la jornada máxima ordinaria sigue siendo la establecida en los convenios vigentes y la ley general, que generalmente es de 40 horas.
¿Qué pasaría con mi sueldo si se aprobara la ley?
El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros especificaba que la reducción de la jornada debía realizarse "sin merma salarial". Esto significa que trabajarías menos horas pero cobrarías exactamente la misma cantidad de dinero que actualmente.
¿Cuándo entraría en vigor si se volviera a tramitar?
No hay un calendario actual. El borrador original preveía que las empresas adaptaran sus convenios hasta el 31 de diciembre de 2025, pero al ser vetado el proyecto, todo el cronograma ha quedado anulado y dependerá de una nueva tramitación legislativa desde cero.
¿Qué es el registro horario digital que sí se está tramitando?
Es una norma complementaria que busca digitalizar el control de entrada y salida de los trabajadores. A diferencia de la reducción de jornada, esta medida se centra en la fiscalización del tiempo trabajado para evitar fraudes y asegurar que las horas extras sean registradas correctamente.
¿Quiénes impulsaron esta medida y por qué falló?
La medida fue impulsada por Yolanda Díaz y el Ministerio de Trabajo tras acuerdos con sindicatos. Falló principalmente por la falta de apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados, lo que llevó al Gobierno a aplazar la votación y finalmente resultó en el veto parlamentario el 10 de septiembre de 2025.