La Comisión de Libertades Condicionales de Coyhaique concedió este lunes 6 de octubre de 2025 la libertad condicional a Mauricio Orlando Ortega Ruiz, condenado por el brutal ataque contra su expareja Nabila Rifo en mayo de 2016. La decisión, tomada a puertas cerradas por un ministro de la Corte de Apelaciones de Coyhaique y cuatro jueces, chocó con el dictamen desfavorable de Gendarmería de Chile, que advertía sobre "distorsiones procriminales" y un presunto trastorno narcisista del agresor. El caso, que conmocionó al país en 2016, vuelve a encender el debate sobre la protección a las víctimas de violencia machista.
Antecedentes del caso
En mayo de 2016, en Coyhaique, Mauricio Ortega, entonces pareja y padre de los hijos de Nabila Rifo, la agredió brutalmente, provocándole la amputación de ambos ojos. El Juzgado del Corte de Apelaciones de Coyhaique lo condenó en 2017 a 25 años de prisión por tentativa de homicidio y lesiones graves. La Corte Suprema, sin embargo, rebajó la pena a 18 años al desestimar el delito de femicidio frustrado, argumentando que "no quedó demostrado el dolo de matar".
Durante su reclusión en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Aysén, Ortega participó en programas de reinserción y talleres laborales, lo que, según la Comisión, constituía un punto a favor para su evaluación.
Decisión de la Comisión de Libertades Condicionales
El martes 7 de octubre, Cooperativa.cl informó que la Comisión había revisado 35 solicitudes, aceptando 24, incluida la de Ortega. La mayoría de los magistrados describieron su conducta como "intachable" y señalaron su participación en actividades de capacitación como indicio de rehabilitación.
El informe de Gendarmería de Chile, elaborado por funcionarios en Santiago, recomendó rotundamente no conceder el beneficio: "El condenado niega su participación, minimiza y justifica la violencia, y presenta rasgos de manipulación". Aun así, la Comisión tomó la decisión, argumentando que el tiempo cumplido (aproximadamente 9 años) y los antecedentes de buena conducta justificaban la medida.
"Nuestro mandato es valorar la reintegración social cuando la ley lo permite", explicó el ministro de la Comisión, cuya identidad no fue revelada por discreción institucional.
Reacción del Gobierno y la Sociedad
El ministro del Interior, Juan Carlos Jobet, declaró que el Gobierno presentaría un recurso de amparo: "No compartimos la resolución y apelaremos para proteger a las víctimas". Desde la oficina del Presidente, se subrayó la necesidad de revisar los criterios de evaluación para casos de violencia de género.
La noticia desató protestas en Santiago y en la Región de Aysén. Miles de manifestantes corearon "¡Queremos justicia!" mientras organizaciones como el Movimiento Nacional contra la Violencia de Género exigían reformas legislativas.
En medio del clamor, Nabila Rifo mantuvo la dignidad. En una entrevista a TVN Chile, dijo: "Mi lucha no termina con la sentencia, seguiré luchando por todas las mujeres que han sufrido lo mismo".
Análisis jurídico y perspectivas
Legalmente, la decisión de la Comisión es inapelable en el ámbito penitenciario, pero el recurso de amparo del Gobierno abre la puerta a una revisión extraordinaria. Expertos en derecho penal, como la abogada Ana María Olivares, advierten: "El caso pone en evidencia la brecha entre la normativa de libertad condicional y la sensibilidad social hacia la violencia machista".
La Corte Suprema podría verse obligada a revisar los criterios de evaluación, especialmente cuando intervienen informes psiquiátricos que describen trastornos de personalidad. Además, el caso plantea dudas sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en delitos de alta gravedad.
- Condición actual: Ortega cumplió 9 años de 18.
- Recomendación de Gendarmería: No conceder libertad condicional.
- Decisión de la Comisión: Conceder libertad condicional.
- Respuesta del Gobierno: Recurso de amparo en trámite.
Implicaciones para la lucha contra la violencia de género
Más allá del caso concreto, la polémica reaviva la discusión sobre la protección de víctimas y la prevención de la revictimización. Legisladores están considerando la incorporación de criterios de violencia de género en los protocolos de libertad condicional, una medida que, según el diputado Luis Larraín, «garantizaría que la reincidencia sea mínima».
Organizaciones feministas piden, además, la creación de una comisión interinstitucional que evalúe cada solicitud bajo una mirada de género, para evitar decisiones que puedan percibirse como una impunidad tácita.
Próximos pasos
El recurso de amparo será evaluado en la Corte Suprema en los próximos meses. Mientras tanto, Ortega deberá presentarse a controles mensuales y a la vigilancia de un oficial de probación, según lo estipulado por la Comisión.
El debate público continúa, y la presión social parece ser el motor que podría impulsar cambios estructurales en el sistema judicial chileno.
Preguntas frecuentes
¿Qué implica la libertad condicional para Mauricio Ortega?
Ortega quedará bajo supervisión mensual, con obligación de presentarse ante el Servicio de Libertad Condicional y de no salir del país sin autorización. Cualquier incumplimiento puede revocar la medida.
¿Por qué Gendarmería recomendó no conceder la libertad condicional?
El informe señaló que Ortega niega su responsabilidad, minimiza la violencia y presenta rasgos narcisistas que, según expertos, dificultan la rehabilitación y aumentan el riesgo de reincidencia.
¿Cuál es la posición del Gobierno chileno frente a la decisión?
El Ministerio del Interior ha presentado un recurso de amparo, argumentando que la medida vulnera la protección de las víctimas y que se debe revisar el proceso de evaluación de casos de violencia de género.
¿Cómo afecta este caso al debate sobre la violencia machista en Chile?
Reaviva la discusión sobre la efectividad de las leyes contra la violencia de género y pone presión sobre legisladores para que incluyan criterios de género en los procesos de libertad condicional.
¿Qué posibles cambios legislativos se están considerando?
Se barajan reformas que crearían una comisión interinstitucional especializada en violencia de género y que obligaría a incluir evaluaciones psicológicas y de riesgo en todos los procesos de libertad condicional.
Sebastian San Martin
octubre 9, 2025 AT 13:29¡Increíble lo que se está haciendo, una señal de debilidad del sistema y de la socieded que permite a un agresor volver a la calle! La gente parece olvidar que la violencia de género deja cicatrices que no se curan con simples papeles.